Las federaciones gremiales profundizarán el plan de lucha ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Denuncian ahogo presupuestario y salarios por debajo de la línea de pobreza.
En el inicio de un nuevo cuatrimestre, el conflicto en las universidades nacionales escaló a nuevos niveles. Tras un congreso extraordinario, la Conadu Histórica ratificó la continuidad de su plan de lucha con un paro nacional previsto del 18 al 22 de agosto, una medida que cuenta con el mandato de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA) orientado a evaluar incluso un cese de actividades por tiempo indeterminado.
La decisión se toma luego de constatarse, con el cobro de los haberes de julio, que el Gobierno nacional continúa incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario (LFU). Según los cálculos de los gremios combativos, la recomposición salarial adeudada asciende al 31,2%, sin contar los retroactivos correspondientes desde la vigencia de la norma.
El malestar docente se acrecentó tras el acuerdo salarial firmado el pasado 10 de junio entre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) —que nuclea a los rectores— y la mayoría de las federaciones, un entendimiento que otorgó un incremento del 21,3% al básico de mayo y al aguinaldo. Desde AGD UBA calificaron dicha firma como una «entrega», argumentando que el porcentaje aceptado representa menos de la mitad de lo adeudado y otorga margen al Ejecutivo para dilatar la aplicación de la ley y de las medidas cautelares vigentes.El laberinto judicial y el presupuesto
En el plano legal, la disputa transita por los tribunales contenciosos administrativos. Si bien la Corte Suprema y la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativa desestimaron los recursos del Gobierno y ratificaron la vigencia de la cautelar, los gremios advierten que la medida continúa en suspenso en los hechos a la espera de que la justicia ordene al Poder Ejecutivo la ejecución inmediata de los artículos 5 y 6 de la LFU.
A esto se suma el reclamo por los fondos operativos. De acuerdo con el sector docente, a pesar del acta firmada por el CIN bajo el argumento de la emergencia, aún no se han girado los fondos completos para el normal funcionamiento de las casas de altos estudios ni las partidas actualizadas para las becas estudiantiles.Perspectivas del plan de lucha.
Frente a este escenario, las asambleas de base convocaron a reuniones, volanteadas y debates en todas las unidades académicas para consolidar la semana de protesta. El objetivo, según manifestaron los referentes sindicales, es forzar el pago total de la deuda salarial, revertir el desfinanciamiento de la ciencia y la tecnología pública, y poner en marcha la organización de una nueva marcha federal universitaria en defensa de la educación pública.
