Un paro esta semana, una movilización el miércoles y acciones en todo el país para denunciar la asfixia que atraviesan las casas de estudio y los hospitales.
El Ministerio de Capital Humano insiste con que el gobierno de Javier Milei no está incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario, pero en las casas de estudio se evidencia otra realidad. Hace ya 300 días se publicó en el Boletín Oficial la norma que garantiza los fondos para el funcionamiento y los sueldos docentes y no docentes, y la comunidad académica denuncia una estrategia del Poder Ejecutivo para eludir su obligación. Esta semana habrá paro desde hoy hasta el sábado, de la Conadu Histórica, y una concentración frente al Palacio Pizzurno, el miércoles a las 11, entre otras acciones en todo el país (ver nota aparte).
“Aún con el aumento que hubo en junio, los salarios siguen retrasados y ni siquiera han recuperado poder adquisitivo por encima de la inflación”, la vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Graciela Morgade.
En octubre pasado el Congreso ratificó la Ley N° 27.795, tras rechazar el veto presidencial, pero desde entonces el oficialismo libertario continúa con diversas estrategias legales para dilatar su cumplimiento. Con recursos y salarios insuficientes, los gremios denuncian que el funcionamiento universitario no puede seguir bajo estas condiciones.
“La situación persiste en un declive pronunciado que no es un error ni un mal cálculo de un funcionario de turno, sino un plan sistemático de destrucción de las capacidades de producción de conocimiento soberanas de la Argentina”, sostuvo a este diario el profesor de la UBA y referente gremial de docentes universitarios,
El Gobierno se escuda tras el acta paritaria firmada en junio con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), concebida en su momento como un primer paso para destrabar el conflicto. Aquel acuerdo otorgó un aumento salarial del 24,33%, muy lejos del 55% necesario para la recuperación del poder adquisitivo perdido desde diciembre del 2023. Con ese paliativo, el oficialismo hace oídos sordos a las órdenes de la Justicia Federal y aún no paga lo que debe.
Por su parte, la doctora en Ciencias Sociales y decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Ana Arias, explicó que el Poder Ejecutivo dirigido por Javier Milei incumple lo planteado por los Poderes Legislativo y Judicial, y esto implica “un importante deterioro para la democracia misma, para el funcionamiento de la República”.
